Los beneficios sociales, económicos y sanitarios del deporte han sido uno de los argumentos fundamentales para su promoción entre la ciudadanía. Desde hace mucho tiempo es comúnmente aceptado que el deporte cumple una importante labor en la sociedad y ello ha sido el principal argumento “de venta” de las personas responsables del deporte para la obtención de recursos económicos.

Muchos de los recursos económicos que las Administraciones Públicas dedican al deporte se justifican por dicha labor social. Estas Administraciones a su vez reparten parte de esos recursos en forma de subvenciones a entidades que desarrollan proyectos deportivos con orientaciones sociales.

Dos de las líneas de trabajo del deporte que más se impulsan actualmente desde las directrices europeas tienen que ver con la función del deporte en la mejora de la salud pública y con la integración social. Son objetivos muy ambiciosos, que requieren un alto grado de sensibilidad y conocimiento especializado; sin embargo, seguimos apoyándonos en las estructuras de siempre, siguiendo un modelo vertical en el que apenas existe una cooperación efectiva entre las diferentes áreas implicadas: Sanidad – Deporte , Servicios Sociales – Deporte, etc.

Por otra parte, muchas de las personas responsables del deporte están sobrepasadas con estas problemáticas. Para empezar, no cuentan con la formación ni experiencia adecuadas para tratar algunas de estas cuestiones. Además, no cuentan con un apoyo especializado ni con recursos suficientes como para acometer actuaciones efectivas en estos ámbitos.

Trabajando con profesionales de la Administración Pública en un proyecto sobre integración de colectivos inmigrantes ha surgido esta cuestión: ¿debemos desde una Dirección de Deportes favorecer la integración social a través del deporte, o bien, debemos limitarnos a fomentar la práctica deportiva en este colectivo? La cuestión no es simple.

Por una parte, gran parte de los recursos destinados al deporte lo son porque éste cumple una serie de funciones sociales, sanitarias e incluso conlleva beneficios económicos. El argumento en este caso es obvio, los recursos se destinan por estos motivos… pues hay que cumplirlos y orientar la práctica deportiva hacia los mismos. Con esta premisa surge la duda ¿no le estaremos pidiendo demasiado al deporte en comparación con lo que aportamos al mismo?

Las exigencias son cada vez mayores y más difíciles y los recursos, en cambio, no crecen al nivel de estas exigencias. Por una parte el argumento de “fuera del deporte” es claro: el presupuesto destinado al deporte se justifica en sus beneficios sociales… hay que cumplirlos. Por otra parte el de “dentro del deporte”: mis competencias y capacidades deben centrarse en fomentar la práctica deportiva y que los agentes responsables de estas otras cuestiones se apoyen en esta práctica. Parece que el trabajo conjunto entre agentes de diferentes áreas resulta imposible.

Para terminar, una frase que lanza Mogens Kirkeby, presidente de la International Sport and Culture Association:
«Pero demasiado a menudo escuchamos al sector de la sanidad pública preguntar “¿qué pueden hacer las organizaciones de deporte para todos para promocionar la salud pública?” Esta cuestión debería ir acompañada por la respuesta de lo que podría hacer el mismo sector de sanidad pública para apoyar a las organizaciones deportivas en la lucha contra la inactividad y la obesidad. Esto demostraría una colaboración igualitaria entre el sector público y la sociedad civil y sería un buen punto de partida para obtener resultados más eficientes»